Un giro dramático ha sacudido la investigación del asesinato del veedor ciudadano y periodista Jaime Vázquez en Cúcuta. José Alejandro Arias, alias «el Cojo», el sicario confeso del crimen, ha implicado directamente al actual gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñalosa, junto al contratista Julio César Casas Pacheco, como los supuestos autores intelectuales del homicidio.
«El Cojo» exige el pago de 600 millones de pesos que, según él, se le adeudan por la ejecución del asesinato, en una serie de mensajes de voz dirigidos a su defensor de oficio. El caso, que ya era de alto perfil debido a la naturaleza del trabajo de Vázquez, se ha transformado en una «novela negra» con estas nuevas y graves acusaciones.
La fecha de inicio del proceso de extinción de dominio contra los bienes del Gobernador Villamizar y su círculo, el 1 de julio de 2025, añade una capa de complejidad y posible móvil a las revelaciones. La investigación de Jaime Vázquez antes de su muerte se centraba precisamente en este proceso, que involucra bienes valorados en más de 3.000 millones de pesos.
El audio desde la cárcel
Alias «el Cojo», un ciudadano venezolano miembro de la banda «Los AK47» y con nexos con «Los Lobos» y el «Tren de Aragua», se encuentra actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón, Santander. Fue desde allí que el sicario contactó a su defensor público, asignado por la Defensoría del Pueblo, para exigirle que mediara en el cobro de la millonaria suma.
En 14 mensajes de voz, «el Cojo» presiona a su defensor para obtener el dinero, llegando incluso a hacer amenazas veladas y a destacar sus conexiones delictivas. «Yo estoy respaldado, pero yo necesito es lo mío», afirmó el sicario, quien se siente «ofendido» por no haber recibido lo acordado.
Las revelaciones de «el Cojo» no dejan lugar a dudas sobre sus presuntos determinadores:
- William Villamizar Laguado (Gobernador de Norte de Santander): Señalado directamente como uno de los autores intelectuales, lo que coincide con las investigaciones inconclusas de Jaime Vázquez sobre el proceso de extinción de dominio que ahora cobra relevancia.
- Jorge Enrique Acevedo Peñalosa (Alcalde de Cúcuta): También implicado directamente. «El Cojo» incluso menciona haber visto a su defensor en publicidad defendiendo a Acevedo, instándolo a hablar con él y con el gobernador.
- Julio César Casas Pacheco (Contratista): Identificado como el contacto principal para el pago y el blanco de amenazas directas por parte del sicario. Casas Pacheco, quien presuntamente es propietario de la empresa de seguridad privada Eagle American, proveedora de servicios a entidades de la gobernación, ya se encuentra preso. Condenado a 18 años por explotación sexual de menores, goza de privilegios en la cárcel de Cúcuta y, según la información, no ha sido trasladado a una de máxima seguridad debido a su «influencia». «No, yo le hablo es claro como ya varón, ya estoy, me siento ofendido, viejo. Ya. Y yo malo hablar, yo no quiero aprender. La guerra. Yo sé que él es el dueño de todas las empresas de seguridad por allá, gerente, tiene toda su familia allá, porque si no má las malas, yo me voy a dejar resto también», advirtió «el Cojo» a Casas.
El sicario insiste en que no está solo en la cárcel y busca no solo el dinero, sino también «salir de la cárcel por vencimiento de términos» ya que «los muertos no hablan».
Gobernador se defiende
Ante las revelaciones del «Reporte Coronell», la Gobernación de Norte de Santander emitió un comunicado oficial, en el que William Villamizar Laguado rechaza «de manera categórica y enfática» los señalamientos realizados.
El gobernador califica el contenido del reporte como basado «en un audio de origen incierto, presuntamente grabado por un defensor público» y considera que las afirmaciones «carentes de sustento, constituyen una grave afectación» a su honra, buen nombre y reputación tanto personal como en el ejercicio de sus funciones públicas.
En el comunicado, Villamizar reitera «de manera vehemente que no tengo ningún vínculo o relación con los hechos que irresponsablemente se insinúan» y destaca que su actuar como servidor público «siempre ha estado guiado por los principios de legalidad, transparencia y respeto a los derechos humanos». El mandatario se compromete a dar «todas las explicaciones suficientes y necesarias» para demostrar que no tiene «nada que ver con los hechos señalados».
