Por anomalías en contratos firmados en el año 2020 en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la Procuraduría formuló cargos a dos directivos de esta institución de educación superior.
Se trata del actual rector, Edgar Antonio Sánchez Ortiz, y de José Gabriel Arrieta Bayona, subdirector administrativo, quienes participaron en cuatro contratos con aparentes irregularidades.
Según el ministerio público, los implicados habrían omitido ejercer control y vigilancia tanto en los estudios previos como en la ejecución de dichos contratos. También habrían violado los transparencia y publicidad.
El comunicado de la Procuraduría no es claro sobre los montos y los contratos que promovieron su actuación, pero calificó provisionalmente la falta como gravísima título de culpa grave.
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