En problemas políticos se encontraba Diógenes Quintero, elegido en marzo como el primer congresista en representación de las víctimas del Catatumbo.
Quintero es demandado por Juan Carlos Quintero Sierra, Gustavo Adolfo Quintero Sierra, Yoad Ernesto Pérez Becerra, Yury Angélica Moreno Duque y Luis Carlos Montenegro Almeida.
Los demandantes refirieron que se encontraba inhabilitado para aspirar al cargo, por violación a las normas, sobre financiación de campañas y corrupción al elector.
El Consejo de Estado no encontró pruebas para inhabilitar la elección de Quintero, como representante a la Cámara por la Circunscripción de Paz del Catatumbo 2022-2026.
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ARGUMENTOS EN CONTRA
El primer argumento para pedir la nulidad de la elección de Quintero, era su paso por la Defensoría del Pueblo de Ocaña, entre el 26 de abril de 2019 y el 12 de febrero de 2021.
También, su desempeño como asesor grado 22, adscrito al despacho del defensor del pueblo, desde el 26 de febrero hasta el 15 de septiembre del 2021.
Según los demandantes, esto demostraba que Diógenes Quintero fue empleado público dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.
Por ello, concluían la razón por el cual se encontraba inhabilitado, para ser elegido como representante a la Cámara.
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ARGUMENTOS A FAVOR
Los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado concluyeron que, el ejercicio de su cargo como defensor regional del pueblo de Ocaña no lo inhabilitaba.
Quintero podía presentarse a las elecciones de este año, debido a que su renuncia, se dio por fuera de los 12 meses, antes de las elecciones que establece la ley.
En su desempeño como asesor, el tribunal señala que, si Quintero ejercía un cargo público, el aspecto material u objetivo de la inhabilidad no está acreditado.
No se evidencia al demandado ejerciendo autoridad civil o política, cada vez que este no tomaba decisiones, sin tener una posición de poder e imposición.
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HECHOS DENEGADOS
Los demandantes le reprocharon a Diógenes Quintero, que recibió financiación y apoyo de miembros de partidos políticos tradicionales y organizaciones políticas.
Entre ellos el alcalde de Hacarí, Deyvy Bayona Guerrero, además de que no hizo uso de los anticipos para la campaña, ante la masiva publicidad en la que incurrió.
Así mismo, señalaban al congresista de haber incurrido en presunta corrupción al elector, por la donación que hizo a una iglesia y a una institución educativa.
Todos los cargos presentados por los demandantes fueron desestimados por la Sección Quinta del alto tribunal, dejando en firme la elección del congresista.
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