Una de las últimas decisiones tomadas por el saliente procurador general de la nación Fernando Carrillo, fue llamar a juicio disciplinario a la exalcaldesa de Ocaña y a tres de sus secretarios.
La exmandataria de Ocaña Miriam del Socorro Prado Carrascal sigue recogiendo procesos ante su cuestionable gobernanza en el periodo 2016-2019.
Este viernes 15 de enero, la Procuraduría emitió un boletín de prensa donde llama a Prado Carrascal a juicio disciplinario por otorgarle millonarios contratos a uno de sus aportantes en campaña.
A la citación, también fueron llamados los secretarios Jorge Armando Navarro Rueda, Juan Pablo Bacca Manzano y Wilson Fernando Arenas.
Estos secretarios de Vías e Infraestructura, Gobierno y del Instituto Municipal de Recreación y Deportes, tendrán que dar cuentas ante el ente disciplinario.
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VIOLARON LA LEY
Según el jefe del ministerio público, Miriam Prado omitió el control y vigilancia ante la contratación de sus secretarios, quienes violaron la ley al otorgarle contratos a EEAS Services SAS.
Esta empresa, representada legalmente por Edgar Enrique Ataya Sánchez recibió contratos donde se violó el monto máximo permitido por la ley 80 de 1993.
Dicha ley establece que los financiadores de campañas que hayan aportado más del 2,5 % de la suma máxima a invertir, no podrán celebrar contratos con dicho ente territorial.
Ataya Sánchez, según el Consejo Nacional Electoral -CNE- aportó $20 de los $50 millones que recibió Prado como aportes a su campaña. Ataya aportó más de lo permitido y por ello no podía contratar con la alcaldía.
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MIRIAM INCUMPLIÓ
Tal vez estos contratos no serían materia de investigación por la Procuraduría, si la exmandataria hubiese cumplido con lo pactado en su campaña con uno de sus aportantes.
Una fuente nos reveló que ante los incumplimientos de Prado, la figura detrás de Ataya, un ingeniero ocañero, habría denunciado a la mandataria ante la Procuraduría.
Según el certificado de existencia y representación legal de EEAS Service SAS, la empresa se creó el 12 de febrero de 2016 y se liquidó 563 días después, el 28 de agosto de 2017.
La aparente empresa de garaje, tal parece que fue creada para contratar con la alcaldía como pago de favores. Los contratos investigados no aparecen en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop-.
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JUEGO POLÍTICO
De Edgar Enrique Ataya solo se le conocen varios contratos con la alcaldía de Prado en su primer año de mandato. Desde julio de 2017, hace parte de este proceso en la Procuraduría.
En el año 2018, participó en una convocatoria pública de empleo para hacer parte como profesional universitario de la rama judicial en Norte de Santander, pero fue rechazado.
La empresa que representó Edgar Enrique Ataya, al parecer solo sirvió como una estrategia política para cobrar a través de contratación pública, la plata invertida a la campaña.
Para la Procuraduría, la acción de los investigados fue calificada como gravísima a título de dolo (intencionado). Esta falta tiene una sanción de inhabilidad de 10 a 20 años para contratar y ejercer cargos públicos.
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