La alcaldía de Ocaña, en cabeza de Samir Fernando Casadiego Sanjuan, ha entregado una serie de contratos a una oenegé con la que tanto él como funcionarios y contratistas municipales tienen vínculos desde antes de ganar la alcaldía: la Fundación Catatumbo. Se trata de convenios por más de 800 millones de pesos (200 mil dólares) para temas tan diversos como remodelaciones de parques o apoyar a organizaciones sociales. Extrabajadores de Catatumbo y fuentes del municipio aseguran que la fundación es en realidad una organización política manejada por Casadiego y sus cercanos.
Una investigación de:
Adrián José Jaimes Torrado
Duvan Felipe Jaimes Torrado
Publicado: 16 de julio de 2023
Cuando Samir Fernando Casadiego Sanjuan apenas llevaba 10 días como alcalde de Ocaña, la Fundación Catatumbo realizó un cambio clave en su directorio. El acta 012 registrada por Catatumbo ante la Cámara de Comercio de Ocaña registró la salida de Yorbi Franco Tellez, quien había sido nombrado por Casadiego como nuevo secretario de Vías e Infraestructura de Ocaña. No es el único funcionario de la actual administración con nexos con Catatumbo. En esta investigación se identificó que al menos tres contratistas de la alcaldía tienen vínculos con la fundación o integrantes de ella.
Antes de 2015, poco se conocía de Catatumbo. De hecho, en su ficha de experiencia no figuran contrataciones ni en el sector público ni privado. Ese año Samir Casadiego, después de perder una elección municipal, se vinculó con la fundación y empezó a figurar en redes sociales y medios de comunicación explicando los proyectos de la oenegé. Incluso en algunos sitios lo identificaban como presidente de Catatumbo. Eso sí, su nombre no consta en las actas legales de la organización.
Pero con la ayuda de Casadiego, un actor relevante en la política del Norte de Santander, los contratos a Catatumbo empezaron a llover. Entre septiembre de 2015 y febrero de 2019, la fundación recibió más de 1.700 millones de pesos. Los fondos llegaron desde el Ministerio de Agricultura, la Gobernación de Norte de Santander y las organizaciones privadas Credicoop y Corporación Lexcom de Colombia.
En 2016, también con el vínculo de Casadiego, la fundación gestionó proyectos para escuelas deportivas y la construcción de la Casa de la Mujer en el sector norte de Ocaña. Casadiego y su esposa, Magda Pallares Torrado, quienes -según confirmó el mismo Casadiego- tenían amistad con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), prometieron la construcción, la cual se haría con el apoyo de esta entidad encargada de fomentar y capacitar en economía solidaria en Colombia.
Incluso se llegó a realizar una ceremonia de lanzamiento de la nueva Casa de la Mujer, a la que asistieron más de 600 personas. Pero la obra nunca se ejecutó. Según Samir Casadiego esto se debió a que la gobernación y la alcaldía de la época no aportaron el terreno.
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A pesar del fracaso en ese proyecto, el mejor momento para la oenegé estaba por venir: esta investigación de Wichos Informa y CONNECTAS encontró que entre febrero y diciembre de 2021 la fundación recibió cinco contratos a través de convenios de asociación por 500 millones de pesos (125 mil dólares) a través de la figura de convenios desde el municipio de Ocaña. Nunca había recibido tantos fondos en menos de un año. Todo coincidió con la elección de Samir Casadiego como alcalde de Ocaña en octubre de 2019.
El 22 de febrero Catatumbo firmó el primer acuerdo con el municipio, para fortalecer 15 proyectos productivos por un monto de 160 millones de pesos colombianos (40 mil dólares). Seis meses después la Secretaría de Vías e Infraestructura de la Alcaldía de Ocaña, dirigida por Yorbi Franco Tellez, también exintegrante de la junta directiva de la Fundación, entregó un contrato de remodelación del parque de La Modelo por 48 millones de pesos (12 mil dólares).
Ese mismo mes, la Secretaría de Gobierno de Ocaña concedió 40 millones de pesos (10 mil dólares) a Catatumbo para el fortalecimiento empresarial del programa “Mi plante y pa´lante”, y entre octubre y diciembre de ese mismo año, recibió 150 millones de pesos (37.500 dólares) más para fortalecimiento de proyectos agrícolas y de las juntas de acción comunal de Ocaña.
Ese mismo año, Catatumbo recibió otros 300 millones de pesos (75 mil dólares) de parte del Ministerio de Cultura, y con participación del municipio, para organizar actividades de celebración de los 450 años de la ciudad de Ocaña.
Una de las cosas que llaman la atención de estos contratos es la diversidad de labores para las que fue contratada la fundación, cuya objeto misional es apoyo a personas en condición de vulnerabilidad, pero que bajo la actual administración de Ocaña se ha encargado de temas tan diversos como la remodelación de andenes o la organización de asociaciones productivas en el sector rural.
En el caso del proyecto ‘Mi plante y pa lante’, en el que el municipio recibió fondos por 160 millones de pesos (40 mil dólares) de parte de la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex) a través del programa Innpulsa, la meta de la iniciativa era capacitar, apoyar y conectar con mercados a 22 emprendimientos de Ocaña. Para este reportaje se contactó a cuatro de los supuestos beneficiados. A pesar de que los cuatro confirmaron que se les entregaron equipos para sus negocios, solo uno de ellos afirmó haber recibido la conexión con mercados para la venta de sus productos.
Derly Giselle Guidelman, quien para el 2021 tenía un negocio de producción de dulces, aparece en los documentos de ejecución de este convenio como firmante de una alianza con la Panadería y heladería Fresco Pan. En el plan de trabajo se comprometieron a comercializar 40 cajas de chocolates mensuales durante un año. Sin embargo, a pesar de que al final de documento aparece la firma de Giselle, ella manifiesta que nunca firmó ni hubo acuerdos con dicho negocio, y que no vive en Ocaña desde hace más de año y medio. La panadería donde supuestamente se firmó la alianza es de propiedad de Jesús Alberto Carrascal Carrascal, padre del representante legal de la Fundación Catatumbo. Se le consultó a la fundación sobre esto, sin embargo hasta el momento de publicar esta investigación, no se había recibido respuesta
Otro de los convenios de Catatumbo con la alcaldía se realizó a través de la Secretaría de Vías e Infraestructura, para el mantenimiento y mejoramiento del parque de la cárcel Modelo de Ocaña. Como se usa en este tipo de convenios de asociación para que se permita la contratación directa, el municipio puso una parte de los recursos (48 millones de pesos) y la fundación otra (21 millones de pesos). Esta última, sin experiencia en obras civiles, fue la encargada de demoler y remodelar los andenes de este espacio público.
Al ser consultado, Franco Tellez, secretario de Vías e Infraestructura, expresó que fue la Fundación Catatumbo la que escogió a la Secretaría que él dirige para ejecutar esos recursos, los cuales le habían sobrado a Catatumbo de las alianzas con la UAEOS. Cabe recordar que Tellez fue parte del directorio de Catatumbo hasta que fue llevado a la alcaldía por Samir Casadiego.
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En otro de los convenios, la Secretaría de Gobierno de la municipalidad firmó un acuerdo por 40 millones de pesos (10 mil dólares) para que la Fundación Catatumbo ejecutara un programa de capacitación y organización de las juntas de acción comunal de Ocaña. Finalmente en diciembre de 2021 se firmó otro convenio entre la alcaldía y la Fundación para brindar servicios pedagógicos. En menos de 20 días, fueron ejecutados 150 millones de pesos (37.500 dólares) en la capacitación y organización de 10 asociaciones productivas del sector rural de Ocaña.
Estas capacitaciones “relámpago” se realizaron entre el 18 y el 23 de diciembre en las casas de los asociados. Según los informes reportados por la Fundación en la web de contratación pública, las actividades eran intensivas para trabajar desde la caracterización de las asociaciones, hasta la revisión legal, contable, y la estructuración de los planes de negocio de cada una de ellas.
Los informes financieros que registró ante la Cámara de Comercio de Ocaña muestran que la entidad pasó de no reportar ingresos entre los años 2014 a 2018, a convertirse en una que factura miles de millones de pesos. En el año 2019, época en la que Casadiego hacía campaña para llegar a la alcaldía, Catatumbo resucitó financieramente reportando 420 millones de pesos como ingresos. Desde entonces, ha devengado más de 9 mil millones de pesos.
Además, coincidencialmente con la llegada de Casadiego al palacio municipal de Ocaña, la entidad sin ánimo de lucro empezó a recibir contratos por parte de otras alcaldías de la región del Catatumbo; las administraciones de El Tarra, La Playa de Belén, Teorama, Convención y Hacarí firmaron convenios con la oenegé por más de 2.890 millones de pesos (722.500 dólares). Así mismo, la alcaldía de Puerto Santander le entregó un convenio por 104 millones de pesos (26 mil dólares).
“FUNDACIÓN FAMILIAR”
Según exmiembros de la fundación, Catatumbo ha estado ligada por años a la familia de Samir Casadiego Sanjuan y sus cercanos. En 2016, cuando se prometió con bombos y platillos la construcción de la Casa de la Mujer en cercanías al colegio la Salle de Ocaña, la revista Gestión Social de la Asociación de Primeras Damas de Colombia (Asodamas), citó a Magda Pallares Torrado como representante de la oenegé. Pallares se mostraba complacida con la construcción de este centro para más de dos mil mujeres perteneciente a la cooperativa estudiantil del colegio La Salle (Cooperasalle). Esa posición de poder dentro de Catatumbo fue confirmada por un extrabajador de la entidad, quien para comienzos de 2016 tuvo que enviarle un correo a Magda Pallares para que ella interviniera en el pago de unos viáticos que le habían quedado debiendo.
Esta misma fuente reveló que, en 2015, cuando Samir aspiraba por primera vez a la alcaldía de Ocaña, la participación del hoy alcalde era activa en las reuniones de la entidad. Así mismo, su tío, el exconcejal de Ocaña Wilson Casadiego, fungía como sociólogo de la oenegé y la cuñada de Magda Pallares Torrado, Laura Páez Álvarez, era la coordinadora. A estas tres personas también se les envió comunicación para conocer sus versiones, pero tampoco respondieron.
De igual manera, Dogny Esperanza Pallares, cuñada de Casadiego, ha participado como la representante pedagógica de la Fundación Catatumbo en el marco de la ejecución del programa integral de intervención de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS). En una transmisión en vivo realizada por la organización estatal el 13 de julio de 2022, Pallares expone con propiedad la importancia de la oenegé en el desarrollo de los convenios en Norte de Santander, Santander y Boyacá.
El expediente de la Fundación Catatumbo en la Cámara de Comercio de Ocaña revela que Samir Fernando Casadiego Sanjuan nunca ha ocupado oficialmente un espacio como socio, miembro de junta directiva o representante legal; sin embargo, en redes sociales sí se le presentaba como uno de los presidentes e incluso aparece su firma en documentos a nombre de la oenegé.
Actualmente, el propio Casadiego niega estos vínculos con la Fundación Catatumbo. Al consultarle sobre el documento donde él firmaría como presidente ad hoc de la Fundación, expresó: “Ya existe un denuncio penal contra el señor Otoniel Quintero, por suplantación y falsedad en documento privado, ya que presenta ante una instancia judicial un documento que carece de veracidad, nunca plasmé mi firma en ese documento y nunca fuí presidente ad hoc de la fundación Catatumbo”.
Otoniel Quintero pasó de ser el aliado de Casadiego a convertirse en su contrincante. Según el reporte de la campaña de Casadiego en el 2015 ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), Quintero, quien era en ese tiempo representante legal de Catatumbo, figuró como su jefe de campaña. Para los comicios de 2019, el representante legal de Catatumbo nuevamente lideró la jefatura de su carrera por la alcaldía, en este caso Jhonatan Alexander Carrascal Rojas.
La fundación está envuelta en una serie de batallas legales. El 31 de octubre de 2019, tres días después de ser elegido alcalde de Ocaña, Samir Casadiego habría firmado un documento (él lo niega) en el que certificaba que Otoniel Quintero Guerrero, quien fue por años el representante legal de Catatumbo, había laborado para la fundación, entre abril de 2015 y octubre de 2019, devengando un salario de $4.500.000. Sin embargo, según Quintero afirmó en una demanda laboral, nunca recibió ese salario.
El supuesto auto nombramiento de Samir Casadiego como presidente ad hoc para emitir y firmar una certificación sobre la vinculación laboral de Otoniel Quintero, provocó que este último llevara el tema a los estrados legales. Finalmente el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Ocaña condenó a la Fundación Catatumbo a pagar 35 millones de pesos a Quintero Guerrero, correspondientes a todos los conceptos de ley para un trabajador.
En todo el proceso legal, ningún representante de la Fundación asistió a las audiencias, por lo cual el juez tuvo que dictar sentencia sin poder practicar el interrogatorio correspondiente a la parte demandada.
Las luchas judiciales no quedaron ahí. Actualmente Otoniel Quintero Guerrero tiene otra demanda contra la oenegé, mediante la cual busca recuperar su participación como socio fundador.
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los otros beneficiados
La administración de Casadiego también ha entregado contratos a integrantes y cercanos de la mesa directiva de Catatumbo. Tal es el caso de Paula Andrea Guerrero Santos (con tres años en la fundación), quien ha recibido contratos que alcanzan los $94 millones a través de la Secretaría Jurídica y la Secretaría de Vías e Infraestructura, oficina en la que dirige el gasto Yorbi Franco Tellez (también exmiembro de la fundación).
Otro de los beneficiados en la contratación de la alcaldía de Samir Casadiego, y con estrecha relación con integrantes de la Fundación Catatumbo, es Carlos Alberto Carrascal Rojas, hermano de Jonathan Alexander Carrascal Rojas (representante legal actual de Fundación Catatumbo), quien ha recibido en los tres últimos años contratos que superan los 1.400 millones de pesos a través de la Papelería Jhanca.
Estos contratos, en su mayoría, corresponden a la venta de elementos de papelería, anchetas navideñas, equipos de cómputo, logística de eventos y publicidad. Según el reporte de la Cámara de Comercio. Esta empresa funciona en el barrio Los Altillos de Ocaña. Sin embargo, al visitar el lugar en horario laboral, las cortinas están cerradas y parece abandonado. Según vecinos del sector, la papelería no abre desde hace muchos años. Se contactó a Carlos Carrascal para conocer respecto a su posición como contratista de la alcaldía de Ocaña, pero no se recibió respuesta.
convenios irregulares
Lo que está ocurriendo con la Fundación Catatumbo en la alcaldía de Ocaña podría tratarse para Vanessa Bermúdez, abogada con 12 años de experiencia en contratación estatal, lo que se conoce como contratación sastre o a la medida. La abogada sostiene que en Colombia una de las maneras de ‘contratar a dedo’ es a través de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, ya que estas permiten que por medio de los convenios de cooperación se excluya del proceso de licitación a otros oferentes.
“En los pliegos de una contratación cuando se establece que, por ejemplo, debe ser una fundación con requisitos específicos como tiempo de experiencia en un área determinada, ya ahí se va visualizando que es un contrato ‘sastre’. Además, cuando comparas la relación entre quienes conforman la persona jurídica del contratista con las personas que están en gobierno, ahí te das cuenta de que pudo haber un pliego a la medida”, afirma Bermúdez.
Daniel Eduardo Rojas, abogado con maestría en responsabilidad contractual y extracontractual de la Universidad Externado de Colombia, afirma que las entidades territoriales pueden suscribir contratos con entidades sin ánimo de lucro siempre y cuando el objeto del contrato cumpla con la ejecución de lo establecido en el plan de desarrollo. Así mismo, estas asociaciones o fundaciones deben tener una reconocida idoneidad y la capacidad organizacional en términos financieros. Además de todos estos requisitos, es necesario que exista un proceso competitivo a través de una licitación.
Sin embargo, Rojas aclaró que el decreto 092 de 2017 estableció una excepción con respecto a los vínculos contractuales con las entidades sin ánimo de lucro y los requisitos establecidos en la ley. Una fundación podrá ser excluida de estos requerimientos si aporta el 30% del presupuesto del contrato. Al ocurrir esto la relación contractual dejaría de ser un proceso de interés público para convertirse en un convenio de asociación. En tal sentido, algunos de los convenios entre la Fundación Catatumbo y la alcaldía de Ocaña no habrían cumplido con este requisito. Por ejemplo, en el convenio 008 de 2021, firmado por 187,5 millones de pesos, el aporte de la Catatumbo fue del 20%, con tan solo 37,5 millones de pesos. Según la norma, el monto aportado por la fundación debió ser de un poco más de 56 millones para que la entidad quedara eximida de realizar un proceso competitivo para seleccionar al oferente.
Al respecto, Rojas expresó que de no haberse cumplido dichos requisitos, la alcaldía de Ocaña podría estar incurriendo en contratación irregular, expresamente en celebración indebida de contratos que traería repercusiones tanto disciplinarias como fiscales en contra de los funcionarios relacionados en los procesos contractuales. En relación con la actuación del secretario de Vías, Yorbi Franco Tellez, Rojas manifestó que al ser el responsable del gasto público en la dependencia que dirige, su relación contractual con Fundación Catatumbo nunca debió ocurrir y, por el contrario, debió declararse impedido ante la relación que hubo en el pasado.
A lo anterior se suma que la Fundación Catatumbo aparece ante la Contaduría General de la Nación como un deudor moroso del Estado, al presentar una obligación no pagada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), al igual que su representante legal Jhonatan Alexander Carrascal Rojas, con dos responsabilidades con la Gobernación de Norte de Santander. Los reportes no inhabilitan para realizar contratos con entidades públicas, pero sí son un llamado de alerta sobre los contratistas. A pesar de esto, la administración de Casadiego y de seis municipios le entregaron a Catatumbo miles de millones de pesos en contratación.