El delito de concusión en Colombia hace referencia a cuando un servidor público abusando de su cargo, ofrece favores o promesas a un tercero.
Por esta infracción el culpable puede ir a prisión hasta por diez años y recibir una multa de 50 a cien 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Además, el político que cometa este delito podría ser inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ocho años.
Es por esta razón que el alcalde Santana, nuevamente vuelve a ser noticia luego de que el pasado mes de septiembre se viera envuelto en el asesinato de Kisly Gómez.
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HECHOS
Diocelina Rangel interpuso una denuncia en contra del alcalde riodorense el 18 de noviembre del año 2016.
La denunciante manifiesta que apoyó la campaña política de Santana y que al ser electo como concejal le dio un contrato con la Empresa de Servicios Públicos de ese municipio -APC EMCAR-.
El contrato de la mujer se firmó el 21 de abril del 2013, su función era como Asistente de Servicios Públicos.
Por este empleo, la señora Rangel recibía mensualmente un pago de $896.666 que con los descuentos de ley, la suma recibía era de $666.000.
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EXIGENCIA
Santana Rincón todos los meses le exigía a esta mujer por haberle otorgado el contrato, la suma de $300.000.
Diocelina accedía a esta exigencia debido a su condición como desplazada y las necesidades que tenía, puesto que era difícil conseguir otro empleo.
El acusado a su vez le advertía que no podía hablar con nadie sobre el tema y que el dinero tenía que dárselo a escondidas a él o su madre.
La afectada fue aconsejada por una conocida para que denunciara al entonces concejal Santana con las autoridades por estos hechos ante la Procuraduría en Ocaña.
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SENTENCIA
A través de una sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta el pasado cuatro de noviembre del 2022 sentenció al acusado.
José Helí Santana Rincón fue condenado a 96 meses de prisión y a una multa de 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así mismo no podrá ejercer derechos y funciones públicas durante 80 meses por ser responsable del delito de concusión.
Además, según la ley si la víctima lo considera pertinente, puede proponer el inicio del incidente de reparación.
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